En el capítulo anterior ya había adelantado que podía haber un hecho de esta gravedad. Se veía venir. Sólo faltaba que mejoraran la puntería. Era cuestión de tiempo para que los barrabravas se cargaran un muerto más. Y pasó en la cancha de Nueva Chicago (inclusive los de Nueva Chicago ingresaron por el túnel). Donde dos equipos de fútbol se jugaban un lugar en la categoría más importante del fútbol argentino.
O, mejor dicho, donde dos hinchadas se peleaban por ver “quien aguanta más”. Todo el país vio en directo las caras de los que invadieron la cancha; de quienes se aprovecharon de una zona liberada para emboscar a los rivales; de los asesinos que blandían carteles, caños y hasta arcos para matar. A uno, Marcelo Cejas (41) lo hirieron de muerte. ¿La policía? También los vio. ¿La Justicia? Espectadora de lujo. ¿Los encargados de la organización? Bien gracias. ¿La AFA? En silencio. ¿El Estado? Ausente sin aviso. Como cada vez que la sociedad entra en pánico por la violencia en el fútbol.
Las preguntas son miles y las respuestas escasean. ¿Por qué el Estado no hace nada para impedir la violencia? ¿Por qué si hay cámaras registrando cada detalle del accionar violento de los barrabravas nadie los puede parar? ¿Por qué si son más mediáticos que los intelectuales, los científicos o incluso los políticos –según una encuesta realizada en nuestra ciudad el Intendente Municipal Daniel Katz, es menos conocido que Rafael Di Zeo, el jefe de la barra de Boca-, nada se hace para identificarlos e impedirle el acceso a los estadios? No les conviene, hay elecciones en octubre, los utilizan!!!
Los barras son delincuentes con privilegios. Cualquier ciudadano común que sea filmado en actitudes como las que ellos adoptan en cada partido consigue, como mínimo, una investigación en su contra. Ahora bien, si porta una camiseta de fútbol la cosa cambia. ¿Qué hace falta para que el Estado los condene? Están las filmaciones –en River, por ejemplo, hasta las cámaras de seguridad individualizaron a los violentos-, están los nombres y apellidos. Los lugares que frecuentan y todas las descripciones físicas. Su modus operandi es conocido por cualquiera que frecuente el fútbol. ¿Qué otras pruebas se necesitan? No es que la policía o la Justicia no puedan con ellos, quizá no quieren poder. Además el periodista Casar González manifiesta en la Revista Noticias que a mediados de los ’80, Inglaterra tenía sus propios barras. Los habían bautizado “hooligans” y parecían haber calcado el ADN de los nuestros: violentos y con códigos mafiosos, se cobraban cada revés deportivo en el césped. Y contra los enemigos de turno. Nada podían hacer Scotland Yard –la policía local- ni los fiscales. Las comisarías no daban abasto. Los partidos se suspendían y el fútbol coleccionaba heridos; cuando no muertos.
El Estado debe ponerse a trabajar. El Poder Legislativo debe crear, por Ley, fiscalías especiales que trabajen los días de partidos, que castiguen en tiempo real a todo aquel que es filmado en actitud sospechosa, que accionen con rapidez los procesos judiciales en contra de los violentos. Que identifiquen persuadan y contengan. Una policía especial que esté bien paga. Que tenga como premisa que el espectáculo debe continuar, pero no a cualquier precio. El resultado será inmejorable: diremos adiós a la violencia y a los alambrados. Que los espectadores les vean la cara a los jugadores, en Inglaterra se vive el fútbol como si fuera una obra de Ballet en el teatro Colón. El argentino que concurre a una cancha de fútbol se siente como si fuera a una corrida de toros, a ver un combate en el que está en juego el decoro. Donde en nombre de la pasión se pegan, se destruyen, se delinque. ¿Qué hicieron los legisladores argentinos para parar la violencia? Sancionaron la Ley 23.184 y así germinaron Comités, programas, en la provincia de Buenos Aires el CoProSeDe y en la Capital el ProSEF para ocuparse de la seguridad en los partidos. Los agentes acudían al fútbol con efectivos de la Bonaerense y la Federal, Entes que la AFA y las Ligas del interior tomaron como sus enemigos. De la Justicia deportiva ni rastros. Nada cambió el ”show debe continuar”. Los operativos policiales apuntalados por el Programa de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos y el Comité Provincial de Seguridad Deportiva encontraron un filón en los operativos policiales. Un efectivo que embolsa entre $1.000 y $1.300 por mes la pelota le reporta un sobresueldo de casi $500 tomando como base ocho partidos por mes. El policía no esta preparado para ir a la cancha. Son los mismos que realizan tareas administrativas y labran infracciones de tránsito. Esos policías reciben un palo, un escudo, balas de goma, gases lacrimógenos, pero con la orden de no reprimir. Las Leyes no se ponen en práctica y la policía aprovecha, mientras los hinchas se matan en las canchas los dirigentes políticos a través del Estado juegan a las escondidas. La cadena de favores y el colapso judicial sufren el descontrol.
Una temporada de fútbol insume 75.000 policías sólo en la ciudad de Buenos Aires, que a un costo de casi cuatro millones de pesos, terminan pagando los clubes –salvo la primera C y primera D, categorías en que la AFA dispone de un subsidio cercano a los $15.000 destinado a pagar los operativos-. Desde el 2004 la cantidad de policías por partido aumenta a un ritmo de entre 3 y un 5 por ciento anual, aunque esto no garantice una mayor efectividad, son los mismos jefes policiales los que piden al club local la cantidad de hombres que estiman necesarios para el operativo. El SubSEF apoya el número. Siempre y los dirigentes tienen dos opciones: o pagan o el partido se suspende.
Para la policía –que se reserva el derecho de aumentar el valor de cada hombre destinado al fútbol-, este servicio tiene nombre propio: “adicional”. “Un currito”, dicen algunos en off. Nada de especialización. Ni de postgrados en seguridad deportiva. Ni de prevención, por más que Javier Castrilli se jacte de que en días previos a los partidos la policía recibe “órdenes precisas acerca de la logística de los partidos”. El pedido de una “policía paralela”, con dedicación exclusiva para la pelota, es tan añejo como las piedras. Hasta ahora no existe.
Pero, la violencia también es patrimonio de algunos relatores deportivos, viendo la semifinal del mundial sub 20, el señor Niembro dijo refiriéndose a un jugador chileno “…pero este chico quien se cree que es? Se cree un fenómeno en vez de hacer tanta pantomima por que no juega al fútbol…” luego en dicho canal de televisión se cansaron de hablar mal de los juveniles chilenos pero no dicen nada de los escándalos que armó el juvenil argentino luego de salir campeón, en el hotel. Eso también es generar violencia. Y hasta en el pago chico (Mar del Plata) el sábado 21 se agarraron a trompadas los planteles de dos equipos en la cancha del Club Nación. Menos mal que había un total de 57 espectadores donde se jugaban dos partidos de fútbol de la división superior. En esa cancha dentro del field en dos partidos hubo 64 jugadores. Y en Buenos Aires en un partido amistoso entre Club Independiente y Defensores de Belgrano se pelearon los jugadores y el árbitro tuvo que suspender el partido.
Siguiendo con nuestra ciudad no me quedan dudas que los clubes Cadetes de San Martín y Unión no van a participar en los torneos que organiza el Consejo Federal, dado lo que tienen que pagar para participar, a la Liga Local, a la Federación del Este y al propio Consejo. Por ejemplo en un partido que el Club Cadetes jugó vs. Bellavista (Bahía Blanca), el Consejo Federal se llevó en 33,33 % de la recaudación, los dirigentes de dichas entidades se cansaron.
Junio 24 de 2007
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